DICOM
POR MAS GARANTIAS Y
MENOS SEGURIDAD CREDITICIA
Por Diputado Marco Enríquez-Ominami
En el ideario chileno el
nombre Dicom no es bien recibido, la razón es sencilla, el uso de datos
privados por terceros, aunque sean de carácter financiero no es un asunto
que produzca el deleite de nadie, salvo de aquellos que se ven beneficiados
por su utilización como lo son los Bancos, las instituciones financieras,
las grandes tiendas, las distribuidoras de información (Dicom, actualmente
Equifax, ….) y la Cámara de Comercio.
En el negocio de la
información financiera existe un conflicto entre el derecho de las personas
a la protección a la vida privada con lo que se denomina la “seguridad
crediticia”, que más que un derecho puede entenderse como un bien económico.
Este último ha sido defendido con enorme celo por la derecha chilena y por
quienes se ven beneficiados por esta información, además ha sido la bandera
de lucha para justificar enriquecimientos injustos a costa de los deudores
(pago por aclaraciones al boletín comercial) y ha servido para amparar u
omitir las externalidades que éste produce, por ejemplo, que un gran número
de chilenos no puedan conseguir trabajo por estar en el Boletín Comercial.
Por el momento, la guerra
del “Dicom” la van ganando los poderosos, es evidente que en esta sociedad,
la seguridad crediticia es fundamental, al menos al lado del alicaído e
irrelevante derecho a la protección de la vida privada. ¿Quién se atrevería
a defender la eliminación del sistema de información financiera argumentando
que esta atenta contra la privacidad de las personas? Los argumentos
utilitaristas tienen mucha más resonancia en Chile que los garantistas, es
decir, nos hemos tragado el cuento que la existencia de un sistema de
información financiera es mejor para todos ya que es la única forma de
mantener estables los intereses que cobran los bancos e instituciones
financieras. Este argumento lo he oído también en otros contextos, por
ejemplo, quienes dicen que la protección de los derechos de los trabajadores
atenta contra el empleo, o que el royalty espantaría a las mineras
extranjeras.
En mi condición de
parlamentario me he propuesto luchar por los máximos, sin embargo, a poco
andar me han querido demostrar que en este sistema uno debe contentarse con
los mínimos, como sucediera recientemente con el proyecto de ley que junto a
otros Diputados y al senador Ominami presentamos en el Parlamento que
propone la derogación del D.S. 950 que otorga a la Cámara de Comercio la
sistematización de la información financiera. El espíritu del proyecto era
modificar completamente el actual sistema de información financiera, mal
llamado Dicom, terminando con el pago a las aclaraciones al Boletín
Comercial, sustituyendo a la Cámara de Comercio en el manejo de esa
información por un organismo, que demostrare vía licitación ser la entidad
más apropiada para su manejo; todo esto, bajo el ojo atento del Estado que
fiscalizare su correcto desempeño y previniera el mal uso de esta
información.
Afortunadamente el
ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda comprendió que este asunto era
de primera importancia para la ciudadanía y decidió hacerse parte en este
proyecto. En efecto, dictó un decreto que elimina gradualmente el pago a las
aclaraciones al boletín comercial de aquí al 2010 y se comprometió a
realizar un estudio que proponga sistemas alternativos al actual que
signifiquen mayores garantías para los deudores, haciendo clasificaciones de
los mismos de acuerdo a las causales que implicaron su caída en mora, además
de la creación de un ente encargado de la fiscalización del sistema.
Creo que dimos un serio
golpe a la cátedra con lo anterior, logramos por fin que la gratuidad a las
aclaraciones al boletín comercial se hiciera efectiva vía decreto y
logramos comprometer al gobierno en un estudio que proponga una modificación
sustancial al actual sistema. Aun queda mucho por hacer, se han logrado los
mínimos, incluso quienes defienden el sistema podrían encontrar razonable lo
que se ha hecho. Sin embargo, mi voluntad es mucho más ambiciosa y lucharé
en esta materia hasta ver que en Chile existe un sistema, que al menos,
equipare la protección a la vida privada con la seguridad crediticia,
protegiendo así a los ciudadanos frente a las brutalidades de “Dicom”.
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